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Octubre, 2003
Extorsión Petrolera. Una muestra de lo que viene con el TLC


Como si fuera un chiste calificó el gobierno de nuestro país la intención de la petrolera Harken Energy de exigir, mediante un arbitraje, $57.000 millones al país. La empresa presentó una solicitud para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés). Dicho organismo está adscrito al Banco Mundial y tiene su sede en Washington, EE. UU.

Para los ecologistas de OILWATCH-Asociación de Ecología Social Costarricense(AESO), uno de los grupos promotores de la campaña antipetrolera, "esta indignante demanda es una de las historias que se convertirán en cotidianas cuando se profundicen los derechos de las compañías trasnacionales mediante los Tratados de Libre Comercio actualmente negociándose como el TLC de EEUU con Centroamérica, el ALCA entre otros.

Sabemos que esta empresa cree fervientemente, como todas las medianas y grandes corporaciones, en el sistema de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial y demás instituciones financieras y comerciales. Y conocemos que los principios de la compensación en los capítulos de inversiones de estas reglas del Libre Comercio, son desproporcionadas en la relación Estado- Corporación". Así lo aseguró Alicia Casas miembro de la agrupación.

La Agrupación afirma " como lo declara el gobierno, la empresa incumplió el contrato pues no logró que se aprobara un estudio de impacto ambiental (EIA). Esta era una cláusula que claramente se indicaba. Así que para nosotros no hay ningún sustento en esta demanda más bien es una forma de extorsionar y buscar atención pública de los sectores anti soberanía de nuestro país y de los Estados Unidos para presionar al gobierno, que en este caso dignamente hace respetar las leyes."

Expresó Fabián Pacheco de OILWATCH - AESO "Costa Rica ha cumplido legalmente con el contrato y Harken sí incumplió con el mediocre Estudio de Impacto Ambiental presentado. Si la compañía hubiera querido seguir con el debido proceso tendría que haber interpuesto un juicio contencioso contra una decisión técnica de SETENA.

La Petrolera sabía que su estudio de impacto estaba mal y lo que les resultaba más ventajoso era tratar de extorsionar el país. Harken con los estudios que tiene, no puede decir tranquilamente que estamos parados en un yacimiento como los de Venezuela, simplemente tratan de asustar y de generar controversia".

De hecho ya muchos de los sectores anti soberania venían calentando los motores para apoyar esta demanda y hacerla parecer que es producto de un capricho romántico del gobierno. Para Mauricio Álvarez presidente de OILWATCH - AESO "esta extorsión no es aislada ni cae en frío. Desde hace unas semanas se ha venido insistiendo en los periódicos sobre la postura anti petrolera del actual gobierno. Un comunicado de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos (La Nación, 24.08.2003) induce al Presidente de la República a reflexionar sobre un - SI a la explotación petrolera, SI a la minería a cielo abierto -, aludiendo que solo bajo estas condiciones de explotación vamos a vivir una vida tecnológica y moderna.

Estos comentarios fueron reafirmados inmediatamente después por la editorial del mismo periódico (La Nación, 28.08.2003) reafirmando a la explotación de recursos naturales como la única forma posible de alcanzar el desarrollo económico. Estos sectores conservadores no ven lo visionario de la decisión del Presidente de la República, ya que para ellos liberarse del petróleo, como lo fue con el ejercito, afecta directamente sus intereses mercantilistas". Álvarez afirma también " desde que empezamos a monitorear la actividad y el historial de esta compañía nos hemos dado cuenta de lo fraudulento de este negocio. La compañía Harken tiene intereses y concesiones desde Colombia hasta Belice, a través de la costa Atlántica, queriendo incluir a Costa Rica en su estrategia geopolítica de apoderarse de un territorio y convertir la región en parte de sus negocios transnacionales.

La empresa Harken estaba ligada al actual presidente de los Estados Unidos y según reportajes del New York Times, Times y otros periódicos norteamericanos del 2002, mientras era director de la compañía, habían irregularidades en los informes contables, se exageraron bienes de la empresa, no se reportaban ganancias y se evadieron impuestos. Nos damos cuenta que durante la ejecución de la licitación en Costa Rica la empresa hizo traspasos de una compañía a otra, nunca tuvo una oficina en nuestro país, ni hizo un trabajo serio para presentar un EIA".

La agrupación apoya la respuesta del gobierno y hace hincapié que este tipo de demanda se multiplicaría y se agravaría en futuros escenarios que generarán los acuerdos firmados en el TLC.

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