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Situación actual en el aspecto legal

María Virginia Cajiao

.En 1997, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) convocó a una ronda de licitación internacional para el otorgamiento de permisos de exploración y explotación petrolera en territorio costarricense, y, en 1998, adjudicó a la empresa norteamericana mkj-xploration Inc. (resolución R-702-98 minae) una concesión de exploración y explotación en cuatro bloques –dos terrestres y dos marinos– en Limón (región caribeña). Aquella empresa, posteriormente, cedió sus derechos a Harken Energy Corporation.  

Los procedimientos de adjudicación de la licitación por parte del Minae, y de aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (setena), se dieron sin ninguna consulta a las comunidades directamente afectadas por las proyectadas actividades. En atención a la ausencia de difusión de la información y no consulta, la comunidad limonense planteó un recurso de amparo alegando la violación de principios contenidos en tratados y convenios internacionales.

Dentro de los principales argumentos de este recurso de amparo está la no aplicabilidad de los principios 10 y 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo –firmada en 1992 en Río de Janeiro y ratificada por nuestro país en 1994. Tal principio 10 consagra el derecho de participación ciudadana estableciendo que “toda persona deberá tener acceso a la información sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades”; el principio 17 establece la obligatoriedad de una “evaluación de impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.

La Sala Constitucional, en setiembre del 2000 (voto 2019-2000), declaró con lugar el recurso y anuló el acto de adjudicación de la licitación: esto porque encontró violación del Convenio 169 de la oit sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (firmada en 1989 y ratificada por nuestro país en 1992), dado que, previo al acto adjudicatario, no se consultó a las comunidades indígenas ubicadas dentro de los dos bloques terrestres concesionados. A la vez, la Sala indicó al minae la obligación de llevar a cabo la consulta a las comunidades indígenas concernidas (este hecho sienta una importante jurisprudencia).

Sin embargo, en noviembre del mismo año, mediante un recurso de aclaración y adición, la Sala Constitucional modificó la parte dispositiva de la sentencia anterior alegando que la nulidad de la licitación afectaba únicamente los bloques terrestres dos y cuatro en las partes en que hay territorios destinados a reservas indígenas, pudiendo continuar los procesos de exploración y explotación en los bloques marinos. A la vez, esta resolución aclaró que la nulidad del acto adjudicatario de los dos bloques terrestres se da mientras no se haga la consulta, a menos que se excluya formalmente los territorios indígenas del conjunto total de los bloques dos y cuatro indicados. (Respecto del mecanismo de consulta, la resolución apunta que “el alcance que la Sala otorga al artículo 15 del Convenio 169 de la oit, basada en sus principios precedentes, permite reiterar aquí que debe cumplirse con un procedimiento de consulta 'apropiada a las circunstancias', como también lo destaca esa norma, de modo que se conjugue el interés público que las autoridades del estado legítimamente tienen en que se lleve a cabo una exploración o explotación petrolera, con el de las comunidades indígenas que pueden ser alcanzadas por ello”.)

Hasta hoy no se ha realizado ninguna consulta a los territorios indígenas, y la empresa ha manifestado retirar formalmente del conjunto de los bloques concedidos los territorios indígenas contemplados.

En seguida del voto de la Sala, ante una denuncia realizada por organizaciones de Talamanca y Limón, la Defensoría de los Habitantes solicitó a las municipalidades de esos dos cantones promover la divulgación, entre la población, de la información técnica y general que le sea remitida con el fin de hacer efectivo el derecho de participación ciudadana. Paralelo a esto, existe el procedimiento administrativo de aprobación del segundo estudio de impacto ambiental para construir la plataforma marítima en Moín dentro del bloque marino donde inicialmente se realizaron las actividades de reflexión sísmica. Este procedimiento había sido paralizado por Setena cuando en setiembre la Sala Constitucional anuló todo el acto adjudicatorio, pero al revertirse la situación por disposición de la misma Sala, Setena reactivó el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental para la construcción de la plataforma. En este momento, mientras Harken Energy está –supuestamente– corrigiendo diversas omisiones y errores del estudio de impacto ambiental que setena le señalara, la comunidad limonense espera que esta entidad convoque a audiencia pública (lo cual se hará en la fecha que setena lo crea conveniente, después que la empresa haga las correcciones) para manifestar su posición –pero es necesario hacer notar que esta audiencia no es de carácter vinculante, sino que únicamente constituye un elemento más de apoyo para que setena valore el estudio de impacto ambiental.

Finalmente, vecinos de la comunidad limonense con el respaldo de ambio presentaron ante la Sala Constitucional un segundo recurso de amparo –acogido por ésta para su estudio pero que sigue sin resolverse– en el que se argumenta violaciones a los siguientes tratados internacionales: Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (cites), Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de Aves Acuáticas (ramsar), Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe y Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y, asimismo, se argumenta violación al principio precautorio contemplado en la Declaración de Principios de Río sobre Ambiente y Desarrollo (éste dice que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica y absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente”). Se espera con optimismo que la Sala Constitucional declare con lugar este segundo recurso de amparo para así suspender y anular toda actividad de exploración y explotación petrolera en el Caribe.

La autora es abogada de la Fundación ambio y profesora en la Universidad Nacional. Este artículo es reproducido de la revista Ambien-tico. vcajiao@racsa.co.cr.

 

 

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