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Recurso de apelación contra resolución de SETENA

 

Recurso de apelación contra resolución 2002-0146 SETENA

Licenciada
Elizabeth Odio Benito
Ministra del Ambiente y Energía
Su Despacho

La que suscribe, RUTH SOLANO VAZQUEZ, en mi carácter de Asesora Legal de la ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, y en mi carácter personal, a Ud. con todo respeto manifiesto:

En relación a la apelación que presenta la empresa HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C., Sucursal Costa Rica, en contra de la resolución No. 0146 - 2002 - SETENA, de las 12:25 horas del 28 de febrero del 2002, me permito hacer los siguientes comentarios:

INTRODUCCION

Es una lástima que un representante de una compañía supuestamente tan prestigiosa, presente una apelación sin argumentos sólidos de forma y de fondo, y encima de todo de la manera más irrespetuosa se dirige a los funcionarios de la SETENA.

Debe la señora Ministra observar que palabras como “ legos”, “seres que están fuera de lógica racional de seres pensantes”, “en la resolución apelada todo es “oscuro” y “parcializado”, y termina el punto 130 considerando que hay “dolo” y “mala intención”, demuestran que el recurso de apelación presentado por dicha empresa fue redactado con el hígado y no con neuronas claras, acerca de lo que contestan y creemos que inclusive podrían ser merecedores de una eventual demanda penal.

Al leer el recurso tenemos la impresión que estamos ante niños malcriados que han perdido el juego y buscan ofender más que realmente lograr desvirtuar todos los argumentos, técnico-científicos y jurídicos, que con mucho esfuerzo varias organizaciones serias brindaron a SETENA, para que este órgano técnico pudiera tomar la resolución que tomó.
Notemos que de todo lo dicho en lo que respecta a los aspectos jurídicos, se incurre en varios errores claros en los cuales nos parece seguir oyendo, con todo respeto, la voz del señor Viceministro. Lo primero es que no han entendido, y dejan de lado, que ante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 41 por parte de la Sala Constitucional, todo el procedimiento que se ha llevado a cabo desde el principio, desde la publicación del cartel para la licitación, el acto de adjudicación, la firma del contrato, la cesión y por último el mismo procedimiento ante SETENA y el mismo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) son nulos. Al respecto pueden verse los artículos 173 y ss de la Ley General de la Administración Pública y los artículos de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que están acompañados de una abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, acerca de los alcances de una declaratoria de inconstitucionalidad.

Este solo factor ya por sí mismo hace caer cualquier otro argumento o discusión. Y no es necesario, como lo dice la empresa (ver punto 4 de la respuesta a los considerandos) esperarse a que la Sala dimensione su voto de inconstitucionalidad del artículo 41.

Sin embargo, en virtud de que existen unos argumentos que pareciera fueron elaborados siguiendo las enseñanzas del señor Viceministro o con la computadora de un novato, no podemos dejar pasar la ocasión para corregir dichas apreciaciones.

PRIMERO: Pareciera la empresa entender que cumplieron con los términos de referencia ( punto 10 y 34 entre otros) necesarios en la contratación que firmaron con el Estado y que esto es suficiente, ya que incluso dicen que el Dr. Miguel Angel Rodríguez se constituyó en socio de la empresa al haber firmado el contrato (ver punto 97). Error terrible. Hemos insistido que el Gobierno de nuestro país y la empresa deben tener buenos asesores para efectos de la negociación. Saber desde el principio que en Costa Rica tenemos una vasta legislación ambiental que va desde la Constitución, pasando por una buena cantidad de Tratados y Convenios Internacionales y legislación importante que se deben aplicar por encima de la Ley de Hidrocarburos y de cualquier término de referencia; y no como parece desprenderse de los argumentos esgrimidos en los puntos 5 y 16 de la respuesta a los considerandos.

SEGUNDO: Debe quedarles claro, que ante una inconstitucionalidad declarada por la Sala, como es el caso del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, cae cualquier cartel, términos de referencia, adjudicación y contrato de exploración con posible explotación. ¿ Por qué los asesores de ambos lados (empresa y gobierno) no se fijaron que la Sala en la consulta de la Ley de Hidrocarburos, realizada por la Asamblea Legislativa, hizo observaciones muy claras y precisas que conllevan a que con el mínimo entendimiento era lógico preveer que se darían las consecuencias que hoy tenemos a la vista?

Era evidente que la Sala estaba haciendo alusión a que antes de cualquier licitación y cartel, términos de referencia, adjudicación y firma de contrato era necesaria la previa consulta a las comunidades indígenas, la elaboración del EIA. Al estar claros sobre estos puntos, cualquier asesor, de gobierno o de la empresa, no se hubiese atrevido a proseguir con todo el resto de los procedimientos. Es por esto que la empresa no entiende, pues lo repite en el punto 10, que con la Ley de Hidrocarburos publicada, y en virtud de un mal entendido principio de especialidad de esta ley, que a la misma sí se le puede aplicar todo el resto del ordenamiento jurídico, y que dicha Ley no es inmune a las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico.

TERCERO: Partiendo de esta base, se equivocan al decir que “

…habiendo la Empresa cumplido con todos los requisitos previos estipulados en las diferentes leyes…” No es cierto que la empresa haya cumplido todos. De ser así, por qué no le pidió al Estado costarricense que hiciera la consulta obligatoria a las comunidades indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT suscrito por nuestro país.? ¿Por qué no analizaron los posibles efectos en humedales cercanos e inscritos y reconocidos por la Convención de Ramsar, o los problemas que se podrían suscitar con el Convenio de Biodiversidad, con la Convención Regional para la Protección de la Tortuga? No es cierto entonces que cumplieron con todos los requisitos.

Por otro lado, de haber sido tan cumplidos no hubieran presentado un EIA tan superficial, el cual no contempló una serie de aspectos que tuvimos que aportarle a la SETENA y que fueron los que hicieron que se declarara no viable el proyecto. Esto significa que la SETENA hizo uso de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Administración Pública por considerar que no podían ellos, como órgano técnico - científico, ir contra reglas de la técnica y la ciencia, la lógica y la convenicncia en sus apreciaciones discrecionales en torno al caso, y que ahora con el recurso de apelación que interpone la empresa adjudicataria, pretende ésta cambiar y que SETENA les dé la razón.

Nótese que incluso la autoridad instaurada para nuestro país de conformidad con el Convenio de Ramsar, ha declarado la peligrosidad del proyecto y su oposición.

Por último, en un proyecto tan controversial como el presente, y habiendo declarado la misma Contraloría General de la República, así como la Defensoría de los Habitantes que SETENA no contaba con los medios suficientes para cumplir bien sus atribuciones, era lógico que se dieran todas las audiencias privadas y la pública que le permitieran a dicho órgano técnico recibir información técnico - científica que le facilitara tomar su decisión. Por ello incluso, con seriedad técnica y científica, los funcionarios de SETENA supieron aceptar la ayuda gratuita e incondicional que les dieron tantos organismos internacionales y nacionales que resultaba muy costosa para el bolsillo de nuestras organizaciones. Fue este cumplimiento con el principio de dar participación y tener suficiente material, lo que le permitió a SETENA tomar la resolución histórica que hoy con el hígado vienen a apelar estos señores.

Por todo lo expuesto, y porque en realidad el recurso interpuesto por la empresa HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C., Sucursal Costa Rica, carece de nuevos argumentos técnico-científicos que permitan desvituar los argumentos esgrimidos por la SETENA para declarar la no viabilidad del proyecto, es que solicito que se declare sin lugar dicho recurso y que se confirme la resolución recurrida.

Oiremos notificaciones en el fax 236 60 42.

San José, 19 de abril del 2002

Lic. Ruth Solano Vázquez

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