Inicio > Asuntos legales

Carta de Justicia para la Naturaleza a SETENA sobre audiencia pública en Limón

 

Señor
Humberto Cerdas Brenes
Secretario General
Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Ref.: Expediente No. 619 - 98

El que suscribe la presente, RAFAEL GONZALEZ BALLAR, quien se encuentra debidamente acreditado como parte dentro de este expediente, en mi carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, personería que consta agregada a los autos, me permito hacer los siguientes alegatos y argumentaciones en relación a la presente Audiencia Pública, que se lleva a cabo el día de hoy:

 

I. INTRODUCCION.

Estamos claros que la presente Audiencia Pública ha sido convocada para realizar observaciones en contra del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa HARKEN COSTA RICA HOLDING L.L.C., respecto a la ubicación de un pozo exploratorio en la plataforma Caribe de Costa Rica, Provincia de Limón, Moín 2.

Nos parece importante que los estimables funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), sepan que dentro del análisis de dicho Estudio, los aspectos a los cuales se han referido las personas u organizaciones que le han hecho observaciones al Estudio dicho, existen una serie de aspectos que los van a obligar a utilizar la discrecionalidad. En todo caso, es importante recordarles que dicha discrecionalidad está sometida a reglas que la SETENA tiene que observar, pues la discrecionalidad para acoger una u otra tesis de las que pueden estar contrapuestas en las observaciones hechas al Estudio de Impacto Ambiental, su ejercicio tiene que ser eficiente y razonable.

Que en todo caso la SETENA estaría sometida al texto del artículo 16 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, que en lo que interesa dice:

“Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.”

Lo anterior lo debe observar la SETENA, porque en las diferentes opiniones que se han manifestado en esta audiencia, es claro que dicho Estudio está incompleto y tiene contradicciones. Aún más, el artículo 17 de la misma Ley General citada es claro también al decir que la discrecionalidad estará limitada por los derechos del particular frente a ella, salvo texto legal en contrario.

Por otro lado, la responsabilidad de los funcionarios que dictaran un acto aprobatorio del Estudio de Impacto Ambiental, además de lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, estarían sujetos a lo que dispone el artículo 160 de la Ley General de la Administración Pública, que a la letra dice:

“Artículo 160.- El acto discrecional será inválido, además cuando viole reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso.”

Si la SETENA no analiza todas las cuestiones de hecho que le han sido aportadas, relacionadas con aspectos científicos y técnicos, en el sentido de que dicho Estudio está incompleto, el acto de aprobación sería nulo, ya que evidentemente el contenido que le quieren dar a dicha aprobación no va a ser claro y preciso, al no haberse tomado en cuenta todas las cuestiones de hecho y de derecho antes mencionadas. Y en virtud de ser un acto donde tendrá que existir apreciación discrecional de muchos aspectos, el acto devendría en inválido por no valoración de reglas de justicia, lógica o de la misma conveniencia en las circunstancias en que se está planteando la exploración por medio de la ubicación de la plataforma.

Y es preciso recordar que la falta de un elemento del acto administrativo es un vicio del mismo, y generarían su nulidad. Pero por último si se llegara a ejecutar un acto de esta índole, que fuera nulo absolutamente, por la gravedad de no haber observado las indicaciones técnicas y científicas, de lógica y conveniencia que se le han manifestado a la SETENA, el acto sería nulo absolutamente, y por lo tanto su ejecución generará responsabilidad civil de la Administración, y de acuerdo al 170 de la Ley General de reiterada cita el ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a tener lugar.

En el caso que nos ocupa se han presentado una serie de estudios y recomendaciones, tanto de personas físicas como jurídicas que la SETENA deberá valorar cuidadosamente antes de emitir su criterio final. A tales efectos presentamos una cronología de esos estudios y recomendaciones que constan dentro del expediente:

CRONOLOGIA ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL: UBICACIÓN DE UN POZO EXPLORATORIO EN LAPLATAFORMA CARIBE DE COSTA RICA, PROVINCIA DE LIMON, MOIN 2

28 marzo, 2000. Resolución No. 270-2000-SETENA de Las 8:55 horas.
La SETENA ordena a la empresa HARKEN presentar un EIA para la Perforación Pozo Exploratorio (Folio 253 del Exp. No. 619-98-SETENA).

17 de mayo, 2000. CCC presenta el documento “EXPLORACION PETROLERA Y TORTUGAS MARINAS DE LA COSTA CARIBEÑA, COSTA RICA (folio 265). Aquí la empresa todavía no había presentado el EIA.

6 de julio , 2000. HARKEN presenta el EIA para la ubicación de un pozo exploratorio en la plataforma Caribe, Costa Rica, Moín 2. (folio 285).

1 de agosto, 2000. CCC presenta evaluación del EIA para la ubicación de un pozo exploratorio en la Plataforma Caribe de Costa Rica, Provincia de Limón (folio 328).

4 de agosto, 2000. CCC presenta documento adicional de inquietudes y comentarios sobre el EIA (folio 329).

4 de agosto, 2000. JAVIER MATEO VEGA, M.A. Especialista en Política Ambiental OET, con colaboración de SEBASTIAN TRÖENG de la CCC presenta documento titulado “INQUIETUDES Y COMENTARIOS SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UBICACIÓN DE UN POZO EXPLORATORIO EN LA PLATAFORMA CARIBE DE COSTA RICA, PROVINCIA DE LIMON (folio 340).

7 de agosto, 2000. Escrito presentado por Luis Guillermo Brenes Quesada, Director Escuela de Geografía UCR, refiriéndose al Estudio de Impacto Ambiental para la Ubicación de un Pozo Exploratorio en la Plataforma Caribe de Costa Rica, Provincia de Limón (folio 488).

8 de setiembre, 2000. La Sala Constitucional declara con lugar el Recurso de Amparo presentado por Ruth Solano Vázquez y otros contra MINAE, Voto No. 08019 de las 10:18 horas.

25 de setiembre, 2000. UICN presenta “DICTAMEN TECNICO ESPECIALIZADO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA LA FASE II: UBICACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE PERFORACION EXPLORATORIA, REGION DE LA PLATAFORMA DEL CARIBE DE COST A RICA, PROVINCIA DE LIMON. (folio 507).

3 de octubre, 2000. Resolución No. 872-2000-SETENA, de Las 11:50 horas. Se ordena suspender la tramitación de la evaluación ambiental del expediente 619-98, hasta tanto no se notifique el texto íntegro del Voto 8019-2000 de la Sala Constitucional.

10 de noviembre, 2000. La Sala resuelve recurso de aclaración y adición dentro del expediente No. 00-543-007-CO, Resolución 2000-010075 (folio 475).

14 de diciembre, 2000. Oficio DVM-441-00. El Viceministro Vincenti Rojas considera que SETENA debe continuar con el trámite del expediente No. 619-98.

16 de enero, 2001. Resolución No. 0029-2001-SETENA de Las 8:40 horas. SETENA pide aclarar y ampliar la información que se indica, mediante un anexo que debe presentar dentro de un plazo de 30 días (folio 522).

2 de mazo, 2001. HARKEN presenta el addendum solicitado por SETENA mediante resolución 0029-2001-SETENA, del 16 de enero del 2001 (folio 571).

3 de abril, 2001. CCC presenta el estudio Evaluación Técnica del “ADDENDUM AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE II. UBICACIÓN DE UNA PERFORACION PETROLERA, REGION DE LA PLATAFORMA DEL CARIBE DE COSTA RICA, PROVINCIA DE LIMON. (folio 564).

10 de abril., 2001. MSc. ANA FONSECA , Bióloga Marina y experta en arrecifes de coral presenta comentarios y observaciones sobre el “ADDENDUM DEL EIA PARA PARA LA FASE II: UBICACIÓN DE UNA PERFORACION EXPLORATORIA. REGION DE LA PLATAFORMA DEL CARIBE DE COSTA RICA, PROVINCIA DE LIMON (folio 578).

16 de abril, 2001. JAVIER MATEO VEGA, M.A., OET, presenta “INQUIETUDES Y COMENTARIOS SOBRE EL: “ADDENDUM AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APRA LA FASE II. UBICACIÓN DE UNA PERFORACION EXPLORATORIA, REGION DE LA PLATAFORMA DEL CARIBE DE COSTA RICA, PROVINCIA DE LIMON”, con la colaboración de ANDREA BOREL, Programa de Maestría, Departamento de Geografía, University of Western Ontario, Canadá (folio 592).

Junio del 2001 (presentado 5 de julio del 2001). IFAW presenta estudio titulado “REVISION TECNICA ESPECIALIZADA DE L A RESPUESTA DE HARKEN COSTA RICA HOLDING L.L.C, a la SETENA. Estudio de Impacto Ambiental Fase II. Ubicación de una Plataforma de Perforación Exploratoria, Región de la Plataforma del Caribe de Costa Rica, Provincia de Limón, Costa Rica, elaborado por ALEJANDRO YAÑEZ-ARANCIBIA, Consultor en Ecosistemas y Medio Ambiente, y DAVID ZARATE LOMELI, MSc., Consultor en Planeación Ecológica e Impacto Ambiental (folio 725)
Mayo del 2001 (presentado el 8 de agosto del 2001). ELAW presenta dos documentos en relación al Estudio y al Addendum al Estudio de Impacto Ambiental para la Fase II: Ubicación de una Perforación Exploratoria, Región de la Plataforma del Caribe de Costa Rica, Provincia de Limón (folio 745).

28 de agosto del 2001. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica presentan ante la SETENA un estudio con la finalidad de expresar Las inquietudes que les han surgido estudiante el EIA presentado por la empresa HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C, así como presentar una serie de consideraciones que a su juicio deben ser consideradas por la SETENA antes de aprobar o improbar el EIA.

18 de setiembre del 2001. La ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA y la Organización AIDA, con sede en California, Estados Unidos de América, presentan un informe elaborado por la Química ANA CEDERSTAV, en relación al EIA.

 

II.

Además de los aspectos técnicos señalados, debe SETENA poner atención a la posible violación del artículo 46 de la Constitución Política, así como del artículo 50 y 89 de la misma Carta Magna.
Entre una de las obligaciones que tiene el Estado, está la de “proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la Nación…”(artículo 89 de la Constitución), y en este sentido habría una amenaza de acuerdo con las observaciones que se le han hecho al Estudio de Impacto Ambiental, y las cuales SETENA debe tomar en cuenta antes de emitir su criterio final.
Que existiría también violación al artículo 7 de la Constitución Política, porque hay una serie de tratados y convenios que han generado obligaciones al Estado costarricense, y que de no contemplarse devendrían en omisiones jurídicas graves, que no han sido contempladas en forma seria por el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa HARKEN. Como muestra de algunos de esos tratados que obligan al Estado costarricense y que se verían violados si se aprobara el Estudio de Impacto Ambiental tenemos los siguientes:

1. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su Principio 10 (Principio de participación ciudadana).
Recuérdesde que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, fue suscrita por nuestro país el 30 de junio de 1994, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 143 del 28 de julio de 1994, y en el Principio 10 consagró el derecho a la participación ciudadana. Dice este principio:

"Principio 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

Este principio destaca que uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible es la amplia participación de la opinión pública en la adopción de decisiones. Se trata de la necesidad de que las personas, los grupos y las organizaciones participen en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, conozcan el mecanismo de adopción de decisiones y participen en él cuando exista la posibilidad de que esas decisiones afecten a las comunidades y las actividades que realizan.

De esta misma Convención resultaría violentado el llamado PRINCIPIO PREVENTIVO (Principio 17), que a la letra dice:

"PRINCIPIO 17 Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el meido ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente."

En el presente caso estamos en presencia de una situación como la que describe este principio, y por ello omitirlo por parte de la SETENA, sería incurrir en violación al artículo 7 constitucional.

b. Existiría también una violación a la CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CONVENIO DE CITES), que fuera ratificada por Costa Rica por Ley No. 5605 del 22 de octubre de 1974, y entró en vigencia a partir del 24 de noviembre de 1988, según Ley No. 7103 publicada en el Diario Oficial La Gaceta o. 224, puesto que el Estado, a través de SETENA, estaría permitiendo que la exploración y eventual explotación petrolera en el Caribe costarricense se realice en zonas protegidas, tales como refugios donde existen especies en vías de extinción.

c. Se produciría también una violación al Convenio de Biodiversidad, específicamente con lo que tiene que ver con las especies en vías de extinción y la obligación del Gobierno de velar por la biodiversidad, especialmente la marítima.
Los objetivos del Convenio contenidos en el artículo 1 y las obligaciones del artículo 10 están siendo violentadas. Es necesario recordar que el término “biodiversidad” comprende tanto la diversidad biológica como la cultural y el indisociable vínculo entre ambas.

d. Se viola la CONVENCION DE RAMSAR, de 1971, que obliga a que los países suscriptores velen por el uso adecuado de los humedales y EVALUAR LA MAGNITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL ANTES DE TRANSFORMAR LOS HUMEDALES (artículo 3.1 de la Convención). En el caso del permiso de la instalación de la plataforma en la zona Caribeña de nuestro país, el Estudio de Impacto Ambiental no ha suministrado toda la información necesaria que permita a las comunidades verificar la magnitud del impacto ambiental que se originaría al afectar zonas de humedal, ya que en la zona de referencia existen áreas otorgadas para exploración donde evidentemente existen humedales reconocidos y declarados como zonas de protección bajo la Convención, como es la Laguna de Gandoca ubicada dentro del Bloque 3.
Esta situación riñe abiertamente con los principios de esta Convención, y viola el artículo 7 constitucional.

e. Se produce una vioalción al artículo 8 del CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGION DEL GRAN CARIBE, adoptada por nuestro país mediante Ley No. 7227 del 12 de abril de 1991. Establece el artículo dicho:
"Contaminación resultante de actividades relativas a los fondos marinos.- Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio resultante directa o indirectamente de la exploración o explotación de los fondos marinos y de su subsuelo."

Este artículo consagra un importante principio preventivo que en el caso que nos ocupa consideramos que debe ser valorado por la SETENA, pues de lo contrario el Estado costarricense estaría incumpliendo dicho Convenio al no valorar el daño real que se produciría al medio marino de la zona caribeña, especialmente ricas en especies de fauna y flora marinas.

 

III.

Que es importante citar también algunas omisiones y violaciones en que incurre el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa HARKEN, y las cuales deberán ser valoradas por la SETENA antes de aprobar o improbar el Estudio de Impacto Ambiental. Citamos algunas:
1) El Estudio de Impacto Ambiental no evalúa a fondo los Impactos Acumulativos de la Actividad.

Los impactos acumulados son los efectos adicionales de unas actividades al concurrir con los impactos de otras actividades pasadas, presentes o futuras. La evaluación de los impactos acumulados como requisito de los Estudios de Impacto Ambiental son una exigencia en muchas legislaciones alrededor del mundo.

Este aspecto debe ser desarrollado tomando en cuenta los proyectos presentes y el desarrollo potencial de otros al momento de elaborar la asesoría de impacto ambiental. Aunque en nuestro país no se establece expresamente como requisito el describir los impactos acumulados en el estudio de impacto ambiental, la Ley al indicar que el análisis de impacto ambiental deberá incluir por lo menos, lo siguiente:, establece una lista abierta que faculta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para exigir documentos adicionales a la empresa, cuando los considere oportunos y convenientes. Consideramos que dadas las proporciones del posible impacto acumulado con las diversas y delicadas industrias en el área del proyecto, son un criterio más que suficiente para considerar su análisis, y creemos que SETENA así deberá determinarlo antes de aprobar el Estudio referido.

2) El Estudio de Impacto Ambiental no presenta la relación de los posibles impactos de la actividad y como estos deben ser considerados dentro de un marco transfronterizo.

Del análisis del EIA pareciera desprenderse con claridad que debido a las características climático-metereológicas del lugar geográfico donde se realizará la fase de perforación exploratoria, en condiciones de tormenta y oleaje, y dada la dirección de las mareas en la zona (de Norte a Sur), en caso de un eventual derrame este alcanzaría el litoral caribe de la República de Panamá. Esto implicaría eventuales impactos en aguas transfronterizas, los cuales tendría el Estado costarricense que valorar a la luz del Derecho Internacional Ambiental, tales como:

i. Convenio constitutivo de la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (Ley No. 7226 del 10 de mayo de 1991), que marca el inicio de una serie de esfuerzos en el istmo para estrechar la cooperación y coordinación de políticas ambientales.

ii. La creación del Parque Internacional La Amistad (Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Costa Rica y el Instituto Nacional de Recursos Naturales de Panamá (24 de marzo de 1992), que protege la cuenca hidrográfica Talamanca-Sixaola.

iii. En 1995 Costa Rica y Panamá ratifican una convención concerniente a la protección del medio ambiente y los ecosistemas encontrados en el área fronteriza. El Convenio promueve una serie de iniciativas compartidas para el desarrollo sostenible de la región transfronteriza, contribuyendo tanto a la protección de la cuenca del Río Talamanca-Sixaola, como a otros ambiciosos proyectos ambientales: el Corredor Biológico Mesoamericano, el Corredor Atlántico-Panameño y el Corredor Talamanca-Caribe.

Pero además, el gobierno costarricense es signatario de diversos acuerdos para la protección del Mar Caribe. Cabe citar entre ellos:

a. El Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe (Ley No. 7856 del 24 de julio de 1994), también conocido como Convenio de Cartagena. Tanto Costa Rica como Panamá son signatarios del mismo.

b. El Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias (Ley No. 5566 del 29 de diciembre de 1972), Este Convenio indica la obligación de los Estados de consultar y notificar a otros Estados que puedan verse afectados por actividades marítimas que produzcan desechos y sean llevados a cabo en su territorio.

Costa Rica también es signataria de:

1. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (29 de diciembre de 1972).

2. El Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino (23 de julio de 1987).

3. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar (Ley No. 7291 del 15 de julio de 1992).

4. La Declaración de Río, Principio 19, sobre la notificación previa. Este principio obliga a cualquier Estado que se encuentre planeando una actividad potencialmente dañina o contaminante, a procurar a otros Estados que potencialmente se verían afectados por la misma, información previa que pueda permitirle tomar las medidas pertinentes.
Es importante aclararle a la SETENA que todos estos convenios y tratados, citados anteriormente, que son denominados “Soft law”, ya la Sala Constitucional ha expresado en reiterada jurisprudencia (ver voto No. 1250-99), que el Artículo 7 constitucional comprende inclusive los acuerdos de “SOFT LAW”, lo que implica su supremacía con respecto a la ley común, y por ende la obligación de SETENA de considerarlos antes de emitir un criterio final en cuanto al Estudio de Impacto Ambiental.
3) Por otra parte, existen informes realizados en los últimos años, que demuestran que la zona atlántica, que anteriormente se consideraba de escasa actividad sísmica, registra una serie de fallamientos locales que se han podido detectar, básicamente después del terremoto de 1991, que la colocan dentro de una zona de riesgo, por lo que creemos conveniente que la Comisión Nacional de Emergencias sea enterada de los proyectos de exploración y eventual explotación petrolera que se planean realizar en la zona, para que dicha Comisión, como órgano creado para la prevención y atención de desastres naturales evalúe la situación y emita su criterio técnico, con relación a lo que se planea hacer en esta zona, que repito, presenta mucho fallamiento local de alto riesgo, tal y como quedó demostrado con el terremoto de 1991.

Solicitamos a la SETENA que todos los argumentos aquí esbozados, así como los múltiples estudios y observaciones que se le han realizado al Estudio de Impacto Ambiental, sean valorados y le permitan a la SETENA tomar una sabia decisión en cuanto a aprobar o improbar el Estudio citado.

San José, 19 de setiembre del 2001.F.
Dr. Rafael González Ballar
Presidente ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA

Arriba