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Más recursos de amparo

 

AMPARO No. 00-007141-007-CO

RUTH SOLANO VAZQUEZ contra MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIASeñores Magistrados de la Sala Constitucional:

La suscrita RUTH SOLANO VASQUEZ, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-446-869, en mi carácter de apoderada especial judicial para esta acción de la "ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA" (JPN), cédula de persona jurídica número 3-002-110034-32, inscrita en el Registro de Asociaciones bajo el expediente número 3773, y declarada de utilidad pública según el Decreto Ejecutivo número 24129-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número Sesenta y Dos del 28 de marzo de 1995, repetuosamente manifiesto:Por resolución interlocutoria de las once horas cuarenta y seis minutos del treinta y uno de agosto del dos mil esa Sala acordó desglosar el asunto objeto de este amparo del expediente 00-543-007-CO. Dicha resolución, sin embargo, no me fue notificada sino hasta casi un año después, en el mes de julio del 2001. En ningún momento recibí tampoco noticia, ni mucho menos copia , del informe presentado -- como descargo -- por la Ministra, jerarca del ministerio recurrido, el 8 de setiembre del 2000.

Es con base en las consideraciones anteriores que, con todo respeto, comparezco nuevamente a intentar "redondear" los hechos de este asunto y "reforzar" los argumentos que señalarían la violación de importantes derechos constitucionales en perjuicio de la población del país.
HECHO: El Poder Ejecutivo adjudicó una licitación pública para la exploración y explotación de petróleo, por un plazo de 26 años y sobre una extensión de 9.500 kilómetros cuadrados.(casi el 20% del territorio nacional)

Para hacerlo, "no convocó a nadie." Invitó a licitar. Estudió ofertas y adjudicó. Al así actuar, El Estado de Costa Rica violenta derechos humanos fundamentales, en particular el derecho a la participación y en este caso, el derecho a contar con un ambiente sano
.
I.- _Participación ciudadana.

La participación ciudadana es un derecho humano fundamental que tienen las personas y que debe ser garantizado por el Estado. Funciona como eje vitalizador dentro de regímenes democráticos ya que solamente a través de esta, se puede cumplir con los objetivos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida. Lo anterior, cobra todavía mayor importancia cuando se relaciona a otro derecho humano cual es el derecho humano a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ya que este posee una estrecha relación con el anterior.

“La participación ciudadana es la base y el modo legítimo de actuar en democracia. (…) Asimismo, la participación es un proceso por el cual los diferentes grupos sociales influencian y comparten el control sobre el desarrollo de iniciativas o políticas que los afectan. Estos grupos sociales cuyos intereses se ven afectados por políticas, acciones, actividades o medidas que se tomen en determinado momento, deben tener, a su vez la oportunidad de expresar su opinión sobre las consecuencias de esas decisiones y de cómo les puede afectar.”

La Constitución Política en los artículos 25 (derecho de asociación), 26 (derecho de reunión), 27 (libertad de petición), 30 (libre acceso a información) y el 98 (derecho de agruparse en partidos políticos), garantizan el derecho de participación que tenemos todas las personas que habitamos este país.

Del mismo modo, la participación puede verse como un principio jurídico, entendido como la consagración de disposiciones jurídicas generales que orientan la interpretación en esta materia y así, se configuran al mismo tiempo como normas de aplicación inmediata.

Como Derecho Humano, la participación es tomada por la Declaración de Río en diversos de sus artículos. Este principio jurídico y derecho humano se encuentra íntimamente relacionado a la democracia y no puede restringirse a la elección de representantes ante el gobierno sino que se relaciona con la toma de decisiones con respecto al modelo de desarrollo y gestión de los recursos naturales por ejemplo. De este modo, la Declaración de Río en el principio X sostiene lo siguiente:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

Este principio es de gran importancia porque no aísla la participación de la información. Para que los diversos actores sociales puedan participar en igualdad de condiciones y tomar decisiones con respecto al estilo de desarrollo que se quiere, es necesario contar con la información necesaria para tal efecto. El ligamen encuentra sustento jurídico ya que ambos - participación e información - son en primer término, derechos humanos. En ambos además, el titular es la comunidad y por ende, poseen carácter colectivo y uno es sustento del otro. Por último, podemos señalar que los dos se sitúan por sus características, en lo que se ha denominado derechos humanos de la tercera generación. Es necesario señalar que siendo necesaria la información para la participación en cualquier espacio, quienes los coordinan, tienen la obligación de brindar toda la información necesaria, disponible y requerida en aras de que todos los actores y actoras participen en igualdad de condiciones.
II.- Se trata de un tema claramente parte del bloque de constitucionalidad (el de los hidrocarburos).

Los hidrocarburos no pueden salir del dominio del Estado sino es a través de concesiones -- por tiempo limitado -- y con arreglo a condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa, reza el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política.

La ley de Hidrocarburos de 1994 vino a sustraer esa competencia de la Asamblea Legislativa y a otorgarla, para dar concesiones, al Poder Ejecutivo.

En tan delicada materia -- de la que se ocupa expresamente la Constitución, como queda dicho -- ni en ninguna otra, la ley significa dar un cheque en blanco al Ejecutivo para que obre a su parecer discrecional, como lo hizo en este caso. No. En todos los asuntos, y particularmente en el tema de explotación de hidrocarburos del subsuelo, el Poder Ejecutivo está sujeto al bloque de constitucionalidad, que es uno, que es coherente y, por supuesto, que debe atenderse en toda su extensión.
El Ejecutivo, en tema petrolero, se cree con cheque en blanco. En el caso que se analiza -- y en otro más -- aplica exclusivamente la Ley de Hidrocarburos y prescinde -- sin ambages -- del resto del bloque de constitucionalidad. Esta ignorancia es exagerada y se torna grosera. Afecta el derecho de toda la colectividad.
El derecho a la información (artículo 46) y el derecho a la participación son de marcada importancia constitucional. Para adjudicar concesiones petroleras, sobre el subsuelo, a largo plazo y sobre extensiones inmensas, el Estado los ignora. Dirá , como lo hace en su Informe (punto 4) , que el anuncio en La Gaceta (resumido) invitando a interesados a adquirir información adicional para participar en un proceso licitatorio es suficiente información y apertura a la participación. Se equivoca.
Da lástima ver como al incumplir incluso mínima normativa, la Administración pretende "engañar" a la Sala Constitucional. Según manifiesta la propia Ministra, la Ley de Hidrocarburos obliga a que se de noticia de la licitación petrolera en el Diario Oficial, " y en dos diarios de circulación nacional (artículo 32, inciso a). Como lo último no se hizo, la Administración adjunta como "prueba", sin mencionarlo (¿ por qué será?) un recorte de "La gGaceta en breve" del periódico La Nación lo cual, por supuesto, no suple la obligación pública de dar anuncio de la licitación ( No precisba, pensaría el Ministerio).

III- _ Referencias normativas

Huelga mencionar el artículo 46 de la Constitución Política , que establece el derecho a recibir -- del Estado -- información adecuada y veraz.
El artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente abunda en el tema cuando subraya que " El Estado … fomentará la participación activa y organizada de los habitantes … en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente."

Más adelante, la misma Ley Orgánica del Ambiente, cuando establece los Consejos regionales ambientales ( artículo 7, "con la participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión , … de las actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental.") y señala como una de sus funciones (inciso b, ""Analizar, discutir y pronunciarse sobre la conveniencia y la viabilidad de las actividades, los programas y los proyectos que en materia ambiental promueva el Ministerio de Ambiente y Energía o cualquier otro ente del Estado"). Sobra decir que la Ley de Hidrocarburos declara la exploración y explotación de petróleo como asunto"de interés público" .

La misma Ley de Hidrocarburos -- también ignorada por el Ejecutivo en este acápite, establece en su artículo 26 que, para otorgar concesión de exploración y explotación petrolera "debe contarse con el criterio de la autoridad competente" y que "cuando se vaya a otorgar en lugares en donde se hayan otorgado contratos turísticos debe contarse con el pronunciamiento de la municipalidad respectiva y del Instituto Costarricense de Turismo." Nada de eso hizo el Poder Ejecutivo. Obsérvese que aun esta Ley tan permisiva como es la de Hidrocarburos, limita directamente la discrecionalidad del Ejecutivo. Debe consultar a otros órganos . Obligatoriamente ( y no lo hizo) ¿ Cuál es la autoridad competente a que se refiere el párrafo 2 del citado artículo 26 ? Además, es claro para todo el que conozca el país, que en los cantones de Pococí, Sarapiquí, Guatuso,Grecia , Los Chiles y San Carlos existen actividades turístias -- y existían a la entrada en vigencia de la ley en 1994 -- y sin embargo, ni se tomó el parecer de las municipalidades respectivas ni del Instituto Costarricense de Turismo. Parece que no les importó eso. "La ley de Hidrocarburos no obliga a consultar a nadie" ha dicho la Ministra de Ambiente y Energía. Lo repite en el punto 4 del Informe. Con ese equivocado principio es que actuaron en la licitación y ajudicación a Mallon Oil Company.

AUNQUE LA LEY DE HIDROCARBUROS NO OBLIGUE A CONSULTAR CON NADIE , ESA LEY ES PARTE DEL ORDENAMIENTO JURIDICO QUE SI ESTABLECE ALGUNOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS AMBIENTALES.

Hay violación constitucional

El tema de la explotación de las riquezas del subsuelo es considerado dentro del bloque constitucional por la Carta Magna. Su concesión por parte del Ejecutivo , si bien (más bien, mal) delegada al Ejecutivo, no lo fue con prescindencia de ningún principio de orden constitucional. Los del derecho a la información y el derecho a la participación, son totalmente ignorados por el Ejecutivo y, al hacerlo, rompe el bloque de la Constitucionalidad y desatiende derechos fundamentales de naturaleza difusa.

IV.- _ Sobre la suspensión del acto

A su propio ritmo, el Ministerio de Ambiente yt Energía ha continuado el trámite del asunto sobre el que pende este amparo y se encamina a suscribir un contrato de concesión en los términos de la licitación, la oferta y la adjudicación, y por un plazo de 26 años.

Por los efectos que para el Estado costarricense pueden derivarse de la firma de ese contrato -- y por que así lo dispone la legislación constitucional -- solicito atentamente a ese Tribunal se sirva disponer la suspensión del procedimiento relacionado con la concesión de derechos de explotación y exploración de cinco bloques petroleros que realiza el Ministerio de Ambiente y Energía -- y el Poder Ejecutivo -- en favor de Mallon Oil Company.

San José, 25 de setiembre del 2001


Ruth Solano Vázquez 

BORRADOR
RECURSO DE AMPARO.

ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA
contra SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)Señores Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.-

La que suscribe, RUTH SOLANO VAZQUEZ, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-446-869, en mi carácter de Apoderada Especial Judicial de la ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, cédula jurídica número 3-002-110034-32, me apersono ante esta Sala a interponer el presente recurso de amparo contra el señor HUMBERTO CERDAS BRENES, en su carácter de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en virtud de considerar que con sus actuaciones dicha Secretaría ha violentado nuestro derecho de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, que a la letra dice:”

“Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.”

Asimismo, que se ha producido una violación al artículo 50 de la Constitución Política, que en lo que interesa establece:

“Artículo 50.-

I. HECHOS QUE DAN ORIGEN AL PRESENTE RECURSO DE AMPARO.
1) Con fecha 31 de mayo del 2002, mi representada presentó ante el señor Humberto Cerdas Brenes, en su carácter de Secretario General de la SETENA, un escrito solicitando, con fundamento en el artículo 158 del Código Procesal Civil, asó como los artículos 9 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, que procediera a aclarar y/o revocar la resolución No. 866-2000 de las 11:20 horas del 3 de octubre del 2000, mediante la cual esa Secretaría resolvió a favor de la empresa MALLON OIL COMPANY, la aprobación de un supuesto Estudio de Impacto Ambiental, cuando en realidad lo presentado por esa empresa no constituía tal estudio, sino más bien una información básica PREVIA a la elaboración de un verdadero Estudio de Impacto Ambiental, al tenor de lo dispuesto por el Manual de Instrumentos Técnicos del Proceso de Evaluación Ambiental, publicado en La Gaceta No. 215 del 7 de noviembre de 1997, que define qué es un Estudio de Impacto Ambiental.
2) Que consideramos de suma urgencia que la SETENA aclare a la empresa MALLON OIL CO., que lo presentado por ellos no es un Estudio de Impacto Ambiental, el cual a esta fecha no ha sido aún presentado por dicha empresa, sino que lo presentado se refiere a un documento denominado “PROYECTO DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACIÓN PARA LA FASE I DE PROSPECCION PETROLERA EN LA REGION HUETAR NORTE Y HUETAR ATLANTICO DE COSTA RICA”.
3) Que a la fecha ya han transcurrido casi dos meses desde la presentación de dicho documento, sin que esa Secretaría se haya pronunciado en relación a nuestra petición, ni haya procedido a hacer la comunicación respectiva a la empresa MALLON OIL CO.

I. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE CONSIDERAMOS VIOLADOS.

1. VIOLACION AL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

Considera la suscrita que en el caso que nos ocupa se ha dado una violación a nuestro derecho de petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, pues pese a haber formulado en debida forma nuestra solicitud, casi dos meses después no hemos recibido respuesta alguna, lo que provoca que se sigan manteniendo falsas expectativas en relación a los derechos que le asisten a dicha empresa, y con ello la posibilidad de que el Estado costarricense incurra en cuantiosos daños y perjuicios. Todo debido a la omisión que hasta ahora ha manifestado la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el funcionario a su cargo, violentando con ello el artículo 27 constitucional.
2. VIOLACION AL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional. En este sentido consideramos que en lo que respecta al presente asunto se está produciendo no sólo violación a este artículo, y por ende a los artículos 10 y 11 de la Constiución Política, en cuanto al principio de legalidad se refiere, sino también una violación abierta y flagrante al artículo 50 de la Constitución Política, en cuanto establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En cuanto a la primera violación alegada, ya que SETENA no está acatando las disposiciones jurisprudenciales de la Sala Constitucional, vale citar el voto de la Sala de las 12:05 horas del 21 de diciembre del 2001, emanado dentro del expediente No. 00-7141-007-CO, de RUTH SOLANO VAZQUEZ contra el Ministerio del Ambiente y Energía, y que se refiere a la concesión otorgada a favor de la empresa MALLON OIL COMPANY, y que en lo que es objeto del presente amparo vino a establecer lo siguiente:
“En el caso específico de la explotación de hidrocarburos el celo ambiental debe ser más riguroso por dos razones: la actividad es en sí misma riesgosa ambientalmente y la explotación por parte de una persona privada debe interpretarse restrictivamente, pues la regla general es que solo por vía de excepción y por un tiempo definido puede salir del Estado. Existen suficientes motivos que conducen a esta Sala a poner en duda que el Estado haya actuado de esa manera. El informe de la Ministra no deja dudas de que al tramitar la licitación, únicamente se tuvo en mente la Ley de Hidrocarburos, sin ni siquiera cuestionarse si los términos de la adjudicación se ajustaban o no a todas las disposiciones jurídicas de mayor rango que la misma ley, como son los convenios internacionales aprobados por el país. Así como no se indicó si hay o no comunidades indígenas en las áreas adjudicadas, tampoco se desprende del informe, por ejemplo, que se haya tenido en cuenta si hay parques nacionales o áreas protegidas en esos bloques, ni mucho menos la incidencia que en el futuro pueda tener la eventual explotación comercial de hidrocarburos. Si bien en este momento solamente se explorará si hay o no hidrocarburos y los efectos ambientales de tal actividad bien pueden ser mínimos, es obvio que el fin último es la explotación comercial, cuyos efectos ambientales la Administración no ha sopesado. La preocupación ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía se reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación está en manos de SETENA. Es decir, en SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el artículo 50 constitucional. Ante tan importante responsabilidad, sería razonable esperar la fortaleza técnica y administrativa del órgano encargado. No obstante, hay razones para dudar. La Contraloría General de la República, en las conclusiones del Informe No.04-PFA “Fiscalización sobre Evaluación de Impacto Ambiental” rendido en el año 2000, dice:

“Los resultados obtenidos en la presente fiscalización muestran que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha tenido una serie de debilidades en su gestión, que pueden estar incidiendo en el cumplimiento de su función primordial, cual es, lograr un equilibrio entre los procesos productivos y el medio ambiente….

“Lo indicado no garantiza que esa entidad esté contribuyendo adecuadamente a la conservación del medio ambiente, además que esté previniendo y mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de desarrollo, …”

(folio 25 del informe, visible al folio 568 del expediente No.00-007280-0007-CO).

De igual manera, finalizada una investigación sobre el caso particular de las exploraciones petroleras, la Defensoría de los Habitantes concluye en el oficio No.00827-2001-DHR, del 29 de enero del 2001:

“La SETENA actualmente carece de recursos profesionales, administrativos y financieros que garanticen un análisis profundo y técnico de los estudios de impacto ambiental presentados ante sus oficinas, así como también carece de personal suficiente y capacitado para realizar una labor de control constante y efectiva, que garantice que no habrá afectación al recurso natural existente.”

(folio 418 del expediente No.00-007280-0007-CO)

Debe tener presente la Administración que, como ya se dijo, el artículo 50 de la Constitución Política y los convenios internacionales citados, que están por encima de la leyes comunes, ordenan al Estado garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Si resulta que el órgano técnico en el que confió el Estado esa tarea no tiene la capacidad para hacerlo (de lo cual dan cuenta instituciones que el mismo Estado creo para su fiscalización), entonces se lesiona el artículo 50 citado. En conclusión, llevando razón la recurrente, se debe declarar con lugar el recurso también en este punto. El Estado debe subsanar los errores apuntados para seguir adelante con el proceso iniciado; de otra manera no podrá suscribir el contrato con la compañía adjudicataria ni podrá ejecutar el acto impugnado.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso por violación al artículo 50 de la Constitución en materia ambiental y por falta de consulta a las comunidades indígenas. En consecuencia, deberá el Estado, de previo a firmar el contrato, dar audiencia a las comunidades indígenas y garantizar la viabilidad ambiental de la concesión otorgada.”

De lo anterior se desprende claramente la importancia que reviste la revocación por parte de la SETENA de la resolución No. 866-2000, que en virtud de la redacción que se le dio, está creando derechos a favor de la empresa MALLON OIL CO.; derechos que obviamente no ha adquirido porque no ha presentado en debida forma y dentro de los términos establecidos, el Estudio de Impacto Ambiental a que está obligada según la Ley de Hidrocarburos y el Cartel de Licitación.

Pero hay un argumento más que debemos rescatar con base en lo resuelto por la Sala, que es de acatamiento obligatorio para la SETENA. La Sala, basada en los informes de la Defensoría de los Habitantes, así como de la Contraloría General de la República, los acoge para emitir su voto, y claramente establece que SETENA no cuenta con los recursos profesionales, administrativos y financieros para dar un seguimiento técnico a los estudios de impacto ambiental. Y es tan evidente esta afirmación en este caso, pues nótese cómo SETENA incurre en un craso error al aprobar como un Estudio de Impacto Ambiental a favor de MALLON OIL COMPANY, lo que es simplemente un “PROYECTO DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACIÓN PARA LA FASE I DE PROSPECCION PETROLERA EN LA REGION HUETAR NORTE Y HUETAR ATLANTICO DE COSTA RICA”, y de esta forma coloca al Estado costarricense en una difícil situación al crear falsas expectativas de derecho a favor de dicha empresa, la cual aprovechándose de este error pretende ahora firmar el contrato respectivo con el Estado costarricense, amenazando, de no firmarse el contrato, con llevar el asunto a instancias internacionales, que afectarían la imagen y el prestigio de nuestro país.
Sabia es la resolución de la Sala cuando dice que el Estado debe subsanar los problemas técnicos que tiene, refiriéndose a la incapacidad ya manifestada de la SETENA, si desea continuar con el proyecto. Pero lejos de esa solución, SETENA sigue manifestándose como un órgano ineficiente, incapaz de satisfacer Las necesidades técnicas para Las que fue creada, e incurre con la resolución 866-2000, en un error de apreciación que puede traer consecuencias muy serias al Estado costarricense.

De ahí la necesidad de que SETENA dé pronta respuesta a nuestra inquietud, y que llame a las cosas por su nombre, y le haga ver a la empresa MALLON OIL CO., que lo aprobado mediante resolución 866-2000 no se trata del Estudio de Impacto Ambiental que exige la Ley y el Cartel de Licitación, y que el plazo que tenía para su presentación ha caducado.

Que esa Sala determine la violación al artículo 50 constitucional en que está incurriendo la SETENA, al mantener la resolución 866-2000, de las 11:20 horas del 3 de octubre del 2000, pues amparada en esta resolución se están creando derechos inexistentes a favor de la empresa MALLON OIL CO., en detrimento del Estado costarricense, y porque ya esa Sala había manifestado mediante resolución de las 12:05 horas del 21 de diciembre del 2001, que el Estado no podía suscribir ningún contrato con dicha empresa, en virtud de existir violación al artículo 50 constitucional.

MEDIDA CAUTELAR:

En virtud de lo expuesto, y de la documentación adjunta que demuestra la presión que está ejerciendo la empresa MALLON OIL CO. para que el Estado a través del Ministerio del Ambiente y Energía proceda a la firma del contrato de concesión, solicitamos a esa Sala que se ordene al Estado costarricense, en cabeza del Ministerio del Ambiente y Energía, que debe abstenerse de firmar cualquier contrato de concesión con la empresa MALLON OIL COMPANY SUCURSAL COSTA RICA, hasta tanto no se resuelva el presente recurso de amparo, ya que existe una resolución previa de esa misma Sala que condicionó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, requisito indispensable para la firma del contrato, a que la SETENA subsanara sus debilidades, cosa que a esta fecha no se ha hecho efectiva, y por ende mientras ese requisito no sea cumplido no podrá el Estado firmar dicho contrato. Además, debe considerarse por parte de esa Sala, que de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y el Cartel de Licitación, el plazo para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con los términos del Manual de Instrumentos Técnicos del Proceso de Evaluación Ambiental, está sobradamente vencido.

Por lo expuesto, solicito a los Honorables señores Magistrados de esta Sala, declarar con lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo, y condenar a la SETENA al pago de los daños y perjuicios respectivos, así como al pago de ambas costas del presente recurso.

Oiré notificaciones en el fax 236 60 42.
San José, 15 de julio del 2002

F. Lic. Ruth Solano Vázquez


Aut.: Lic. Ruth Solano Vázquez

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