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Reclamo administrativo

PRESENTA: Asociación Justicia para la Naturaleza

Señores
Poder Ejecutivo de la
República de Costa Rica
Presente

At.: Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría
Presidente de la República
Lic. Elizabeth Odio Benito
Ministra del Ambiente y Energía

El que suscribe, RAFAEL GONZALEZ BALLAR, mayor, casado dos veces, Abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-479-663, en mi carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, cédula jurídica número 3-002-110034-32, según consta de la certificación adjunta, a Uds. con el debido respeto me permito manifestar:

PRIMERO: El 20 de julio de 1998, mediante resolución número R 702-98-MINAE, el Ministerio del Ambiente y Energía otorgó una concesión a favor de la compañía MKJ XPLORATIONS, Sucursal Costa Rica, para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en la costa caribeña sur de Costa Rica, sin que a esa fecha hubiese sido aprobado ningún Estudio de Impacto Ambiental, en relación a la exploración y eventual explotación petrolera en esa zona. EL EIA FUE APROBADO EN MARZO 1999 PARA REFLEXION SÍSMICA, Y SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD, LO CUAL ES EL OBJECTO DEL RECURSO MACHORE, ET AL... POR NO HABER LO COMPLETADO EN LA FECHA ACORDADO NI TERMINDAOD DE EVALUAR SU IMPACTOS, ETC

SEGUNDO: En el mes de noviembre de 1998 el Gobierno de Costa Rica, por medio del Presidente de la República y la señora Ministra del Ambiente y Energía firmaron el contrato de concesión con la empresa MKJ XPLORATIONS, Sucursal Costa Rica. NO CREO, PUES EL CONTRATO QUE TENEMOS ES FIRMADO EL 12 AGOSTO DE 1999, DESPUÉS QUE APROBAN EL PRIMER EIA Y DESPUS LLEVAN A CABO LA ACTIVIDAD EN NOV. 99.

TERCERO: Posteriormente, en el mes de mayo del 2000 se aprobó la cesión de derechos sobre la concesión otorgada a la empresa MKJ XPLORATIONS, Sucursal Costa Rica a favor de la empresa HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C.,SUCURSAL Costa Rica , la cual se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 93 del 16 de mayo del 2000.

CUARTO: Que en el mes de diciembre de 1998, una vez otorgada la concesión y firmado el contrato (no es cierto) para la exploración y explotación de petróleo en la costa caribe de Caribe de Costa Rica, la empresa concesionaria MKJ XPLORATIONS, Sucursal Costa Rica presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Estudio de Impacto Ambiental para el Estudio Geofísico: Reflexión Sísmica Marina, el cual se tramitó ante dicha Secretaría bajo el expediente número 619-98.

QUINTO: Que el anterior Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de exploración sísmica fue aprobado por la SETENA mediante resolución 140-99, de fecha 24 de marzo de 1999. Entonces...?

SEXTO: Que en el mes de noviembre de 1999 se llevaron a cabo las actividades de reflexión sísmica en la costa caribe de Costa Rica.

SETIMO: Que en el mes de Julio (verificar mes) del año 2000, la empresa HARKEN costa rica HOLDINGS L.L.C. presentó a consideración de la SETENA el Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de una plataforma MARINA Y POZO EXPLORATORIO de exploración frente a las costas de Limón (Moín).

OCTAVO: Que a esta fecha dicho Estudio no ha sido aprobado por la SETENA.

NOVENO: Que mediante resolución número R-105-MINAE, de las 8:00 horas del 8 de marzo del 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 13 de abril del 2000, se otorgó concesión a la compañía MALLON OIL CO., Sucursal Costa Rica,, para la exploración y explotación de los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Concesión que fue otorgada sin haberse presentado previamente ningún Estudio de Impacto Ambiental.

 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL PRESENTE RECLAMO.

Como se desprende de los hechos expuestos supra, en ninguna de las dos concesiones otorgadas a empresas extranjeras para la exploración y explotación petrolera en Costa Rica, Licitación No. 1 y Licitación No. 2, se solicitó a las empresas concursantes la presentación PREVIA de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual también en forma previa al otorgamiento de la concesión y (firma del contrato,) (SE OTORGO LA CONCESIÓN, SE APRUEBA UN EIA MALO Y LUEGO FIRMA EL CONTRATO Y DESPUÉS LLEVAN A CABO LA ACTIVIDAD DE REFLEXION TAMPOCO DURANTE LA EPOCA APROBADA PARA MITIGAR EL EFECTO SOBRE LA VIDA MARINA, EPOCA DE MIGRCION DE LANGOSTA Y CAMARON) debía ser aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y no en la forma en que se ha manejado el presente asunto, donde los Estudios de Impacto Ambiental se han presentado posteriormente al otorgamiento de la concesión, NO..(y en el caso de MKJ XPLORATIONS Sucursal Costa Rica, y HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C, posterior a la firma del contrato), lo cual resulta inconstitucional, según lo analizaremos seguidamente.

ADEMÁS, SE DEBE PRESENTAR UN EIA GENERAL PARA CONOCER EL IMPACTO DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, NO SOLO UNA FASE PRELIMINAR CON MINIMOS IMPACTOS, PUES HAY QUE TENER UNA EVALUACIÓN HOLISITCA DE LOS PARÁMETROS DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, COMO BIEN LO EXIGE LA LEY DE BIODIVERSIDAD EN SU ART. 94.- ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD DEBE EFECTUARSE EN SU TOLTALIDAD, AUN CUANDO EL PROYECTO ESTE PROGRAMADO PARA REALIZARSE EN ETAPAS.

SOBRE TODO CUANDO SE ESTA PONIENDO EN RIESGO ZONAS BAJO EL REGIMEN DE SINAC DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ESPECIES PROTEGIDOS POR CONVENIONS INTERNACIONALES, COMO SON LOS PARQUES MARINOS DE TORUGUERO Y CAHUITA, EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO, LAS RESERVAS INDÍGENAS DE BRIBRI Y CABECAR EN TALAMANCA, LOS SITIOS DECLARADO DE INTERES INERNACIONAL POR RAMSAR Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR UNESCO.

La Sala Constitucional en expediente 4165-P-93, Voto No. 6240, de las 14 horas del 26 de noviembre de 1993, atendiendo consulta legislativa de constitucionalidad acerca del Proyecto de Ley de Hidrocarburos, expediente legislativo No. 9573, fue clara y contundente al declarar que el artículo 41, párrafo 2º. de dicho Proyecto era inconstitucional, y que así lo declaraba dicha Sala.

Este artículo tiene que ver directamente con la protección del ambiente, y en lo que interesa la Sala manifestó:

"SOBRE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: El artículo 26 del Proyecto, no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una persona física o jurídica privada". En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente. Pero lo más grave es que no se prevé una consecuencia directa del incumplimiento de esas exigencias, dejando a merced del libre arbitrio de los funcionarios competentes, la decisión sobre el punto. Estima la Sala que el tema debe ser analizado desde la perspectiva constitucional en aras de garantizar la protección del derecho a un ambiente sano ampliamente reconocido y protegido por esta jurisdicción y expresamente contemplado por el artículo 89 de la Constitución que establece:

"Entre los fines culturales de la República están: proteger Las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico".

"…el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de un derecho a un ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además, constituye un requisito capital para la vida misma."

"XV.- Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de "proteger Las bellezas naturales" contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado."

"XVII.- Dentro de este proceso lógico de integración y desarrollo de los valores constitucionales, empleando como instrumento jurídico la interpretación lógico sistemática de los mismos, la enmienda al artículo 48 de la Constitución operada en 1989, ha ampliado de manera singular el catálogo de derechos humanos susceptibles de protección judicial al remitirnos expresamente al derecho internacional contenido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debidamente suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país. Ordenamiento jurídico supranacional que debemos integrar al análisis del Proyecto de Ley consultado en virtud del rango superior a Las leyes que le otorga el artículo 7º. de la Constitución.

XVIII.- En efecto, Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable -y de exibilidad judicial directa- al caso sobre todo por la posibilidad de explotar los recursos hidrocarburados en otras áreas no parte del régimen de parques nacionales. Por ello resulta imprescindible revisar qué otras áreas o biosistemas estarían vedados a esta actividad o en los que es necesario cumplir otras exigencias." AQUÍ HAY QUE EXPLICAR QUE EN LA LICITACIÓN 1, PRECISMANETE SE CONCESIONO UN AREA PROTEGIDO DE REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE QUE TAMBIEN ES UN SITIO RAMSAR Y UN COMPONENTE DENTRO DEL SITIO UNESCO DE PATRIMONIO DE HUMANIDAD LA AMISTAD. ADEMÁS SE RODEO EL PARQUE MARINO COSTERO CAHUITA DENTRO DEL BLOQUE 3 MARINO DONDE NO EXISTE NINGUNAS BARERAS DE PROTECCIÓN PUESTO QUE ES AGUAS CON CORREINTES MARINAS POR EL PARQUE.

"XX.- Todos estos instrumentos internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas por el Proyecto de Ley sobre Hidrocarburos en tanto el rango normativo de aquellos es superior. En consecuencia lo dispuesto por artículo 41 párrafo 2º. Del Proyecto que exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos a favor del interesado. Por ello estima la Sala QUE EL ARTICULO 41 PRF. 2º. ES INCONSTITUCIONAL EN ESTE ASPECTO." (El subrayado y Las mayúsculas son nuestras).

Pese a lo anterior, la Ley de Hidrocarburos vigente a la fecha, mantuvo el texto declarado inconstitucional por la Sala, derivado de la Consulta Legislativa; es decir, mantuvo el texto del artículo 41 párrafo 2º. del Proyecto, el cual otorga la concesión y luego exige los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente. Al respecto véase la Ley de Hidrocarburos en el artículo citado.

Que esta anomalía vicia de inconstitucionalidad la Ley de Hidrocarburos, artículo 41, y convierte en absolutamente nulas las concesiones otorgadas al amparo de dicha legislación, así como los contratos que el gobierno costarricense firmara o llegare a firmar con las empresas concesionarias.

Que el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República y la señora Ministra del Ambiente y Energía, no han hecho absolutamente nada para declarar la nulidad absoluta de las concesiones otorgadas y el contrato (s) por ellos firmados, por ser los mismos contrarios a la Constitución Política en sus artículos 7, 46 y 50 de la Constitución Polìtica, así como a los principios 10 y 17 Y 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y la serie de tratados internacionales que la Sala enuncia en la resolución No. 6240-93, copia de la cual aportamos con el presente escrito, y por ende contraria a dicha resolución que declaró inconstitucional el artículo 41 párrafo 2º. del proyecto de Ley de Hidrocarburos, que la actual Ley de Hidrocarburos mantiene vigente, pese a existir criterio en contrario de la Sala Constitucional, lo que convierten a dicho artículo en inconstitucional. Además, porque es obvio que de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, esta actuación de la Administración atenta contra el interés público, y contra lo que se ha denominado por la Ley de Biodiversidad como interés público ambiental.

Que ante esta situación el gobierno de la República de Costa Rica, a través del señor Presidente de la República y la señora Ministra del Ambiente y Energía deben declarar la nulidad absoluta de los contratos firmados tanto con MKJ XPLORATIONS., Sucursal Costa Rica, luego cedido a HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C,, SUCURSAL COSTA RICA, así como la concesión otorgada a la empresa MALLON OIL CO., Sucursal Costa Rica, para la exploración y explotación petrolera en el Caribe sur de Costa Rica y zona Norte del país, respectivamente.

Que al tenor de lo que dispone la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento de la Contratación Administrativa, el gobierno costarricense tiene la potestad para declarar la nulidad de tales actos, pues de no hacerlo estaría avalando conductas inconstitucionales, ya que la Sala fue muy clara al establecer en el Voto citado que los Estudios de Impacto Ambiental en materia de exploración y explotación petrolera deben ser previos y no a posteriori, como se ha dado en el presente asunto. Que la violación argumentada se extiende también a lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política, que obliga al estado costarricense a respetar las obligaciones adquiridas derivadas de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, y a los cuales la Sala Constitucional en su Voto No. 6240-93, les asignó la importancia y el significado que tienen, y que no han sido respetados en el presente caso.

Que es tan evidente la recomendación y declaratoria de inconstitucionalidad que la Sala hizo del artículo 41 citado del Proyecto de Ley, y que actualmente se mantiene en el texto de la Ley vigente, que nótese la gran cantidad de problemas que se han presentado, derivados precisamente de la no existencia previa de un Estudio de Impacto Ambiental, de una consulta previa a las comunidades afectadas directamente por el Proyecto, la serie de recursos legales que ha generado esta situación, que pudieron haberse evitado si previamente se hubiera cumplido con los requisitos que la Sala recomendó en la Consulta Legislativa de reiterada cita.

En virtud de lo expuesto, y en razón que fue el Ministerio a su cargo, señora Ministra quien otorgó las concesiones a las empresas MKJ XPLORATIONS, Sucursal Costa Rica, derechos luego cedidos a HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C, y a MALLON OIL CO., Sucursal Costa Rica, y que fueron Uds. quienes firmaron el contrato a favor de la concesionaria MKJ XPLORATIONS, Sucursal Costa Rica, y firmarían el contrato (NO SBBEMOS SI HAN FIRMADO CONTRATO AUN, PERO CONCESIÓN SI)con MALLON OIL CO., Sucursal Costa Rica, y porque de acuerdo a la Ley Uds. tienen la potestad para declarar la nulidad absoluta de dicho contrato, solicito que se proceda a realizar dicha declaratoria.

Que en su defecto, de no considerarse con competencia para la declaratoria de tal nulidad, solicito que se lleve el asunto ante el Consejo de Gobierno, para que sea éste el que haga tal declaratoria.
Solicito además, por todas las consecuencias negativas que las exploraciones petroleras traerían al país, y por los vicios que rodean el presente asunto que son de índole constitucional, que se proceda a suspender cualquier autorización para una eventual exploración o explotación petrolera, sobre todo en los casos de las empresas HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C., SUCURSAL COSTA RICA y MALLON OIL CO., Sucursal Costa Rica, hasta tanto no se resuelva el presente reclamo, o en su defecto las acciones jurisdiccionales que se deriven del mismo y que haremos valer en las vías correspondientes.
Para notificaciones señalo el fax 240 16 91.

San José, 11 de diciembre del 2001

F. Dr. Rafael González Ballar

Aut.: Lic. Ruth Solano Vázquez

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