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Fallo de Sala IV

Derogan requisitos ambientales

• Diferendo por impacto de fallo en plan petrolero

Vanessa Loaiza

12 de febrero del 2002
La Nación




Desde el siete de febrero pasado, la Ley de hidrocarburos perdió el texto en el que se establecían los requisitos obligatorios de los estudios de impacto ambiental, para actividades de exploración petrolera y explotación de combustibles.

Ese día, la Sala IV declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad y anuló los párrafos segundo y siguientes del artículo 41 de esta norma.
En estos apartados se establecía quiénes son los responsables de un estudio de impacto ambiental, una descripción del proyecto y cuáles son sus efectos en la flora y fauna de una región.

También exigía información sobre las medidas de mitigación y los planes de contingencia para prevenir o controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y terrestres.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada en diciembre anterior por la Asociación Justicia para la Naturaleza, que se opone a la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el país.

El texto completo del voto aún no ha sido redactado por los magistrados de la Sala IV.

Satisfacción ambientalista

Sin embargo, por el momento se conoce solo la parte dispositiva de la sentencia, que es vista con beneplácito por grupos ambientales.

Rodrigo Alberto Carazo, de la Asociación de Lucha Antipetrolera (Adela), dijo que este fallo es otro paso más para pedirle a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que no apruebe el estudio de impacto ambiental que permitiría la instalación de una plataforma de exploración petrolera en Moín, Limón.

Según Carazo, en 1993 la Sala IV había declarado inconstitucional el párrafo segundo del artículo 41, tras una consulta legislativa de constitucionalidad.

No obstante, "la Asamblea Legislativa no acató el pronunciamiento", dijo.
Eso le permite a los ambientalistas asegurar que cualquier contrato firmado desde entonces y amparado en la Ley de hidrocarburos, es "absolutamente nulo". Un criterio contrario tiene el viceministro de Ambiente, Iván Vincenti.

El jerarca asegura que aunque la sentencia tiene efectos retroactivos a la fecha de vigencia de la ley, no afecta los derechos adquiridos de buena fe.
Eso significaría que el contrato con la transnacional Harken Energy para explorar en Limón se mantiene.

Vincenti insistió en que no es correcto de su parte referirse a la resolución de la Sala, pues todavía no conoce el fallo completo.

"Primero tengo que entender por qué la Sala IV declara inconstitucional esa parte del artículo y cómo va a operar la ley de ahora en adelante", dijo.
Junto a esta resolución, en diciembre anterior la Sala IV también declaró con lugar dos amparos en contra de las exploraciones petroleras.

Uno de ellos ratifica que la Setena no cuenta con el personal técnico y los recursos económicos suficientes para aprobar los estudios de impacto ambiental.

"Estos fallos nos dan la razón de que ninguna institución de Gobierno nos garantiza un medio ambiente sano", afirmó Carazo.

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