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Minae debe parar acción contra Harken

Reynaldo Martínez

Miercoles, 10 de Diciembre, 2003
La República


El Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) deberá suspender indefinidamente el proceso contra la empresa Harken Costa Rica Holdings LLC. mediante el cual pretende rescindirle la concesión otorgada para la exploración petrolera en la bahía de Moín, Limón.

La Sala Constitucional aceptó para su estudio un recurso de amparo presentado en días pasados por los representantes legales de la compañía de capital estadounidense, en el cual alegaron la existencia de vicios en el proceso que se sigue en su contra.

En el recurso, la empresa advirtió no haber sido notificada oportunamente del comienzo del proceso en su contra, así como la existencia de interpretaciones erradas de la legislación de Contratación Administrativa que provocaron el rechazo de las apelaciones formuladas.

La Sala Constitucional decidió no solo acoger el recurso presentado por la empresa para estudiarlo, sino que además le solicitó al Minae un informe sobre los hechos alegados por Harken y una copia del expediente del proceso dentro de los tres próximos días.

“Finalmente, y después de todas las gestiones hechas ante el Minae, la Sala Constitucional encuentra los elementos suficientes para investigar el caso”, indicaron los representantes legales de la empresa, Pedro Oller y Roberto Esquivel, del bufete Oller Abogados.

Atendiendo lo establecido en la Ley de Jurisdicción Constitucional, la Sala Constitucional además le advierte al Minae que no podrá dictar el acto final de procedimiento administrativo que le sigue a la empresa hasta tanto no emita una sentencia sobre el recurso presentado o no disponga otra cosa.
El proceso contra Harken para rescindirle la concesión se inició desde el 28 de agosto pasado, pero según indicó la empresa en el recurso, no fue sino hasta el 11 de noviembre que se le advirtió oficialmente de la existencia de esta gestión.

La notificación emitida por el Minae en esa fecha fue hecha únicamente para convocar a la empresa a una comparecencia privada que se realizaría la semana pasada en el departamento legal de la institución.

Por otra parte, la compañía alegó en el recurso que existieron interpretaciones erradas de los funcionarios nombrados para analizar el caso, al rechazar los reclamos presentados en su defensa por considerar que no tenía la oportunidad de apelar el proceso abierto en su contra.

La divergencia que existe en este punto obedece a que los funcionarios del Ministerio consideran que el proceso abierto contra la empresa es sumario, mientras que Harken asegura que es ordinario. La legislación de Contratación Administrativa permite apelaciones solo en el segundo caso.
Como lo informó LA REPUBLICA en ediciones anteriores, Harken también estudia la posibilidad de presentar un recurso contra la resolución emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), mediante la cual se le negó a la empresa el permiso ambiental para iniciar operaciones.

En este recurso la empresa alegaría que la Setena no tenía la potestad de rechazarle la solicitud, al amparo de una resolución emitida a mediados de este año por la Sala Constitucional que confirmó que esta entidad carecía de todos los instrumentos técnicos necesarios para realizar valoraciones de impacto ambiental sobre los proyectos presentados por compañías interesadas en hacer inversiones en el país en varios campos.

Tal y como lo dio a conocer este diario en esa ocasión, la resolución de la Sala Cuarta estuvo basada en los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

El conflicto con la petrolera se remonta a mediados del año pasado, cuando la Setena le rechazó a la empresa el permiso ambiental que requería para el inicio de las exploraciones en el mar Caribe.

Ante esta decisión, Harken decidió comenzar un arbitraje internacional contra el país, el cual fue suspendido ante la promesa del Gobierno costarricense de buscarle una salida negociada al diferendo.

No obstante, a finales de noviembre pasado el conflicto subió de tono ante el fracaso de las conversaciones sostenidas en Washington por el ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, con los representantes de la empresa.

En esta ocasión Rodríguez alegó que la empresa había asumido una actitud extorsiva al advertir al país de posibles sanciones políticas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

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