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Un Estudio de Impacto Ambiental
que no puede aprobarse

Presentación ante la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; Expediente 619-98, Perforación de pozo exploratorio, presentado por Harken Costa Rica Holdings LLC.

Por : Rodrigo Alberto Carazo Z., 13 de febrero del 2002

1.- El PREIA No.201-2001 es un documento público desde el momento de su presentación ante la Secretaría (21 de diciembre del 2001). No hay razón para lamentarse de que haya "trascendido." Es un documento técnico, con las características que para tal tipo de documento señala la Ley General de la Administración Pública.

2.- Conviene recordar algunas circunstancias del primer Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa en esta expediente (referente a la etapa de Prospección Sísmica) y aprobado por la SETENA en 1999 sin diligencia alguna :

a) La empresa formuló una única medida precautoria: que la prospección sísmica no se realizara entre los meses de junio y enero, por el posible efecto que pudiera tener en especies migratorias. La actividad se realizó en pleno período de "veda" (noviembre-diciembre), sin que SETENA siquiera se percatara de ello, ni el Regente Ambiental lo observara. Nada al respecto consta en el expediente.

b) La fase de monitoreo no ha podido darse por concluida puesto que, por deficiencias en el Estudio presentado, que nunca fueron señaladas por SETENA, no existió inventario previo de especies amenazadas, por lo que nunca fue posible determinar "el impacto ambiental" de la actividad. "La duda prevalece," concluye el último estudio técnico que consta en el expediente al respecto.

3.- Dice el artículo 94 de la Ley de Biodiversidad: "La evaluación del impacto ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad, aun cuando el proyecto esté programada para reealizarse en etapas."

La Comisión Plenaria no puede olvidar que analiza estudios que se pretenden realizar "en el mundo real", y no en un tubo de ensayo. El texto del artículo 94 contraresta la tendencia, inaceptable, de "segmentar" un proyecto para así obviar la cuantificación global de su impacto. Ya la Sala Constitucional advirtió al respecto en la consulta facultativa de 1993 acerca de la Ley de Hidrocarburos ( Resolución 6240)

Fútiles resultan los intentos de convencer a la Comisión Plenaria de que "lo único de que se trata es de aprobar o improbar la perforación de un pozo exploratorio frente a la costa de Moín." En el mundo real se trata de una actividad que pretende realizarse al amparo de un contrato de exploración y explotación. No se trata de un pedacito de mar en el bloque 12 sino de un proyecto global que se extiende hasta en 5.500 kilómetros cuadrados y que incluso, según la propia empresa, forma parte de un proyecto integrado que abarcaría más de 5 millones de hectáreas en Costa Rica, Panamá y Colombia.

4.- Refiriéndose al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dice el párrafo 3 del artículo 50 de la Constitución: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho." Al respecto dice la resolución 2001-13294 de la Sala constitucional (del 21 de diciembre del 2001):

"Tal obligación implica que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse de que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple requisito marginal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente. En el caso específico de la explotación de hidrocarburos el celo ambiental debe ser más riguroso por dos razones: la actividad es en sí misma riesgosa ambientalmente y la explotación por parte de una persona privada debe interpretarse restrictivamente, pues la regla general es que solo por vía de excepción y por un tiempo definido puede salir del Estado.. ….. Si bien en este momento solamente se explorará si hay o no hidrocarburos y los efectos ambientales de tal actividad bien pueden ser mínimos, es obvio que el fin último es la explotación comercial, cuyos efectos ambientales la Administración no ha sopesado. La preocupación ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía se reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación está en manos de SETENA. Es decir, en SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el artículo 50 constitucional (lo subrayado no es del original).

Cabe entonces preguntarse si SETENA, en el caso concreto, y habida cuenta de que no se trata simplemente de una pequeña fase de la etapa de exploración, ha sopesado los efectos ambientales de la actividad como un todo, tal y como lo ordena la Sala Constitucional.

El Estado es uno solo y no diversos compartimientos. Es notorio que SETENA ni ha recibido información exhaustiva de la Dirección de Hidrocarburos en relación con el tema que analiza, ni la ha solicitado. No conoce SETENA, como parte de su análisis, la existencia de un Plan de Trabajo para toda la actividad, presentado en su momento por la empresa ante la Dirección de Hidrocarburos. No conoce SETENA de la (in)capacidad de la empresa para llevar adelante las actividades que propone, ni de su historial ambiental, ni de su capacidad de obtener y contratar tecnología ambientalmente aceptable para realizar dichas actividades.

5.- Petróleo y política constituyen una mezcla letal para la población. En la Costa Rica de 1993 a l 2002 se ha dado esa combinación. Conocidas para los miembros de la Comisión Plenaria de SETENA han sido las presiones del propio Presidente de la República, de la Embajada de los Estados Unidos y del Viceministro de Ambiente y Energía para que el Estudio bajo su conocimiento se apruebe. Los miembros de la Comisión Plenaria han sido valientes, y han sido patriotas. Se han resistido a las presiones (que son públicas, y algunas de ellas constan en el expediente). Los miembros de la Comisión Plenaria no aparecerían en la re-edición actualizada de la historia petrolera de Costa Rica, como personas que sucumbieron ante los ofrecimientos de los nuevos Lincoln Valentine, que vienen al país a procurar corromper a funcionario s de todo nivel. ( Véase, de Alfredo González Flores, "La caída del Gobierno Constitucional de Costa Rica" y "El petróleo y la política en Costa Rica"; de Eduardo Oconitrillo, "Alfredo González Flores: estadista incomprendido", y la "Biografía de Máximo Fernández" en la Serie "Quien fue y qué hizo" del Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes.)

6.- La Comisión Plenaria, en cumplimiento de sus funciones, debe conocer el contrato suscrito por el Estado y al amparo del cual se formula el estudio de Impacto Ambiental que analiza. Por 26 años, para la exploración y consecuente exploración de todos los hidrocarburos que se encuentren en un área de 5.633 kilómetros cuadrados. La empresa dispondrá libremente de los hidrocarburos y, si el Estado costarricense desea adquirirlos, lo hará a precio de mercado internacional ( más un sobre-precio si es de alta calidad) y pagará su importe en la moneda que exija el vendedor. La compañía podrá construir los oleoductos que necesite, usando vías y medios de comunicación existentes, gozando del derecho de paso forzado y las aguas y materiales naturales de construcción que se encuentren en el área contratada.

A cambio de la concesión, el Estado recibirá una regalía en dinero o especie, fraccionada y escalonada, de aproximadamente 8.7% del valor de la producción, una vez deducido el auto-consumo de la empresa. A la contratante se le exonera de impuestos hasta por 16 años (salvo del impuesto sobre la renta), y debe destinar 5% de sus utilidades a proyectos (que ella escoja) de desarrollo social y ambiental. No hay sistema especial para fiscalizar la determinación de esas utilidades.

En relación con el empleo, la compañía debe "emplear personal calificado, … de acuerdo a las mejores normas… de la … industria … internacional". "… la empresa procurará incluir desde el inicio … una proporción de profesionales y trabajadores costarricenses… cuando exista … mano de obra calificada."
La empresa ofrece hacer una inversión total en exploración de $ 2.980.000, y por el contrato se establece una garantía ambiental del 1% ($ 29.800).
El contrato indica que las operaciones serán objeto de control técnico y de fiscalización, en lo ambiental, por parte de SETENA (cláusula 29.2). ¿ Lo sabe SETENA ? ¿ Está en capacidad de hacerlo ?

7.- En las últimas semanas la Sala Constitucional ha dictado tres resoluciones trascendentales sobre el tema que analiza SETENA. Una de ellas está redactada. De las otras dos se conoce la parte resolutiva. La Comisión Plenaria ha de estudiar con gran detenimiento dichas resoluciones, pues todas son de su incumbencia en relación con el asunto que ha de resolver.

a.- Resolución 2001-13294 del 21 de diciembre del 2001, glosada parcialmente arriba . "En SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado". La Administración ha de sopesar los efectos ambientales de la explotación comercial (del petróleo).

b.- Resolución 2001-13295 del 21 de diciembre del 2001. En relación con lo actuado por el Estado hasta el año 2000, incluyendo la aprobación y monitoreo del primer estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA, el Estado "omitió su deber de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado".

c.- Resolución 2002-1221 del 7 de febrero del 2002. Declara inconstitucional el párrafo segundo y siguientes de la Ley de Hidrocarburos. La Acción de Inconstitucionalidad que origina esta resolución se fundamentó en la Resolución de la Sala 1993-6240 en Consulta de Constitucionalidad del proyecto de Ley de Hidrocarburos, en la que la Sala estima "que el artículo 41 prf.2 es inconstitucional.", en cuanto a "que exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación, … (por ser) contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental."

8.- Recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y ofrecimiento de SETENA de acatarlas. Tienen que ver, precisamente, con la necesidad de valorar el recurso existente para que no suceda lo que pasó con el primer estudio de impacto, que no pudo ser "cerrado" por carecerse de la información previa.

9.- Necesidad de aplicar el principio "in dubio pro natura".

10.- Necesidad de que SETENA conozca las características de la empresa con la que está "tratando". Circunstancia de que Harken Energy ya nada tiene que ver con la operación en Costa Rica (la Dirección de Hidrocarburos lo conoce, pero no ha informado a SETENA).

11.- Análisis del PREIA. Es complaciente, incluso en tiempo. Cuando fue presentado, a las 2 p.m. del 21 de diciembre ya no quedaba nadie en SETENA.

12.- El Estudio de Impacto Ambiental no puede aprobarse. Ya se le ha indicado así a SETENA por parte de muchos técnicos y especialistas. Además, es el criterio de la población, medios de comunicación, candidatos presidenciales, diputados electos.

13.- SETENA ha tomado posiciones valientes y técnicamente sustentadas ( ampliación del Aeropuerto). En este caso, si no rechazan el Estudio que analizan, que es incompleto, fragmentado, equivocado, nunca podrán rechazar otro. En la resolución descansa, no solo la muestra de integridad e independencia de los miembros de la Plenaria, sino también el respeto, la dignidad y la credibilidad del órgano en el que "recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

 

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