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Texto escrito para el informe ESTADO DE LA NACIÓN 2001 (publicado 2002)

Concesiones petroleras en el Caribe: resaltando la importancia histórica de la participación y incidencia ciudadana

Antecedentes

Desde 1998, el gobierno de Costa Rica dio en concesión 5600 kms 2 a una compañía petrolera estadounidense, para que desarrollara actividades de exploración petrolera. En noviembre del 1999, iniciaron estas actividades en su primera etapa de reflexión sísmica marina. Casi al mismo tiempo inició una campaña de parte de las comunidades del Caribe y de organizaciones ambientalistas, para impedir la instalación de la industria petrolera en el país. Para el 2001, ya había pasado más de un año, por lo que este fue un año clave en el desarrollo del proceso.

Reseña del 2001

Para principios del año 2001 se dieron dos importantes resoluciones sobre las concesiones petroleras en el país.

La primera, de la Defensoría de los Habitantes (OFICIO N°00827-2001-DHR), señalaba la incapacidad técnica de SETENA para monitorear actividades de la envergadura del proyecto petrolero, así como la contradicción en políticas estatales, por un lado de protección y por otro de concesión petrolera del Caribe. Hacía énfasis en la importancia de Costa Rica como sitio de anidamiento de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción. También enfatizó el importante papel de los gobiernos locales municipales en fomentar la participación activa de los habitantes, en especial los indígenas de la zona, recomendando, “colaborar en los procesos de información a la población, promoviendo y divulgando la información técnica y general que le sea remitida con el fin de hacer efectivo el derecho de participación ciudadano”

La segunda resolución es el primer fallo emitido por SETENA respecto al permiso para perforar e instalar la plataforma petrolera marina a 9 km de Moín. Solicitaba a la compañía Harken Costa Rica Holdings, LLC un anexo para aclarar ciertos aspectos legales y técnicos no cubiertos por el Estudio (Res. No. 0029-2001-SETENA). El EIA, presentado ante SETENA desde julio 2000, fue sometido a extensos comentarios y revisión de expertos nacionales y extranjeros con valiosos aportes al expediente administrativa. Dos expertos mejicanos con experiencia reconocida en proyectos de prevención y mitigación ambiental de las actividades petroleras en Méjico, desarrollaron una consultoría técnica detallada sobre el estudio auspiciada por el UICN-ORMA. Expertos en pesca y biodiversidad marina-costera del caribe también aportaron sus criterios técnicos.

Posteriormente la compañía presentó el Adendum y los expertos independientes le dieron seguimiento, sometiendo a consideración de SETENA numerosos documentos adicionales. De nuevo, UICN y IFAW apoyaron una consultoría de los expertos mejicanos, quienes publicaron un segundo documento técnico elaborado en gran detalle (Revisión Técnica Especializada de la Respuesta de Harken Costa Rica Holding, LLC, a la Secretario Técnica Nacional Ambiental SETENA. Estudio de Impacto Ambiental Fase II Ubicación de una Plataforma de Perforación Exploratoria, región de la Plataforma del Caribe de Costa Rica, Provincia de Limón, Costa Rica), y particapron en una audiencia especial con la Comisón Plena de SETENA para evacuar consultas específicas. Hubieron valiosos aportes criticando el Adendum de numerosos científicos de ongs internacionales (como ej Caribbean Conservation Corps y otros). Por su parte la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA presentó un estudio preliminar costo-beneficio de las actividades petroleras en el Caribe, tomando en cuenta otras actividades productivas que ya existen en la región atlántica. Estos documentos coincidieron en que no se podía reducir la perforación petrolera a sus impactos en los 500 mts2 alrededor de la plataforma, y que se debían incluir en la evaluación los aspectos ambientales y económicos no solo de la ciudad de Limón , sino también del Caribe Sur costarricense hasta la frontera con Panamá.
Por otro lado, fue un año lleno de movilizaciones sobre el tema. El 1 de mayo se celebró el Día de los Trabajadores en Limón, donde no se había celebrado localmente desde 1996. Se manifestaron tanto organizaciones de la FETRAL, como los pescadores y el sector ecoturístico, haciendo especial énfasis en las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la actividad petrolera.

La Municipalidad de Limón convocó a Audiencias Públicas tanto a la compañía Harken como Accion de Lucha Antipetrolera, ADELA, (agrupación de mas de 100 organizaciones opositoras al proyecto), con el objetivo de generar un debate amplio entre distintos sectores de Limón.
La Diócesis de Limón abrió también el debate auspiciando un encuentro con ambas partes. Luego de una serie de consultas y reflexiones, la Diócesis emitió una Carta Pastoral sobre la Tierra, en la que se declara en contra de la expansión de los proyectos hidroeléctricos y petroleros en la Provincia de Limón.

En setiembre la SETENA realizó la Audiencia Pública en Limón, para escuchar criterios de la sociedad civil de la región. A pesar de ser realizado dentro de las instalaciones de RECOPE lejos del centro de Lomón, acudieron muchas representantes comunales, así como científicos expertos sobre los recursos del caribe, el sector ecoturístico, la iglesia católica, la Defensoría de los Habitantes, y distintos gremios de trabajadores. Para entonces, se habían hecho parte del expediente cientos de organizaciones y personas, la mayoría de las cuales participaron directamente o cedieron su espacio a otros sectores o grupos.

La Municipalidad de Talamanca solicitó varias veces ante SETENA su derecho de Audiencia Pública en su cantón, considerando que las consecuencias de estas actividades afectarían las costas del Caribe Sur aunque la perforación se realizara en Moín. La Audiencia nunca se dio, por lo que la Municipalidad interpuso denuncias legales demandando su derecho de participación. A pesar de que no se realizara la Audiencia Pública ante SETENA, el Concejo Municipal, después de una audiencia publica coordinado con ACLAC-MINAE y los grupos locales, declaró unanimamente a Talamanca “libre de exploración y explotación petrolera” en abril del año 2002. (Sesión Extraordinaria #97 del 12 04 02).

Durante la campaña electoral las concesiones petroleras fueron tema de debate. Los tres principales candidatos presidenciales se manifestaron contra las concesiones petroleras. Incluso, a solicitud de las organizaciones ambientales, durante la política de la segunda ronda electoral, el entonces diputado, Abel Pacheco, presentó un proyecto de ley que busca declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación petrolera. El texto del proyecto es sencillo y consta de dos artículos. Dice: "Deróguese la Ley de hidrocarburos, número 7399 del 3 de mayo de 1994".
Se presento una petición al Secretario General de la Convención RAMSAR sobre humedales de importancia internacional que alegaba el riesgo de varios sitios Ramsar en el país frente las exploraciones petroleras. Esto provocó que la Comisión Nacional de Sitios Ramsar realizara un esudio y informe con la Ministra de Ambiente ante la Convención Ramsa. Este proceso se convirtió en fuente de cuestionamientos internacionales al Ministerio del Ambiente por su política contradictoria.

Hacia finales de año 2001 y principios del 2002, las organizaciones estudiantiles, ambientales y de las comunidades del Caribe, se movilizaron hacia MINAE y SETENA para reiterar su oposición al proyecto petrolero. Estos sectores también participaron con otros buses de limonenses de sectores populares para denunciar las concesiones petroleras en la Marcha Nacional, realizada en enero del 2002.

Con base en una revisión de la actual Ley de Hidrocarburos y un voto del 1993 en el que se consultó el proyecto de ley de hidrocarburos, se presentó el 21 de diciembre del 2001, una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Al respecto, la Sala Constitucional el 7 de febrero del 2002 acogió con lugar la acción de inconstitucionalidad de este artículo 41, la parte dispositiva de este voto indica que: “...Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.” De esta forma, aún está por definirse el carácter legítimo de los contratos firmados bajo esta ley.

Al lado de esto, el 21 de diciembre del 2001 la Sala constitucional declara con lugar un segundo recurso de amparo por haber omitido el MINAE y la SETENA su deber de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 de la Constitución Política. Principalmente se alegó que con la concesión otorgada por MINAE y la aprobación del primer EIA se estaba violando la aplicación de tratados internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), la Convención sobre Humedales Internacionales como hábitat de aves acuáticas (Convencion de Ramsar), el Convenio para la protección y el desarrollo del Medio Marino de la región del Gran Caribe, la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y la violación al principio precautorio contemplado en la Declaración de principios de Río sobre ambiente y desarrollo.

El 1 de marzo del 2002, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) da a conocer el rechazo firme al EIA presentado por Harken Costa Rica Holdings, LLC luego de casi dos años de estudio, discusión y análisis. Por “NO SER VIABLE AMBIENTALMENTE” la SETENA rechaza el EIA y su anexo y ordena archivar el expediente administrativo. En 55 considerandos, se explican aspectos legales, técnicos y generales del proyecto petrolero, de los posibles impactos sobre flora y fauna marina y sobre los impactos sociales, turísticos y económicos. Esta resolución es categórica y señala un sinnúmero de vicios, errores, omisiones y carencias del EIA de Harken.

Entre los principales características de esta experiencia, resalta la capacidad de las comunidades del Caribe de hacerse oír por muchos medios distintos. Entre sus estrategias de trabajo se encuentra, el acceso a la información, la organización comunal y movilización, los recursos legales, búsqueda de apoyo técnico cintífico, así como de apoyo internacional como elemento de presión hacia el gobierno. Las organizaciones que se opusieron al proyecto petrolero siempre plantearon el derecho de las comunidades a definir su propia agenda de desarrollo y que esta sea respetada. En este caso estaban enfrentadas dos actividades económicas no compatibles una con la otra.

Se fortaleció en este proceso el mecanismo de la participación popular a través de audiencias públicas y privadas ante SETENA, las municipalidades, y la participación activa en los expedientes administrativos. La oportunidad que se abrió en SETENA, fundamentada en aspectos técnicos, pero también de Política Ambiental, es un hecho sin precedentes. A través de este hecho, se han fortalecido los mecanismos de monitoreo ambiental con los que cuenta el Estado para definir la viabilidad de los proyectos de desarrollo.

La importancia de este fallo radica en que se dio a pesar de las fuertes presiones políticas de algunos sectores, especialmente desde el Poder Ejecutivo. En su resolución, SETENA señala que “Costa Rica debe buscar un modelo de desarrollo que contemple las necesidades humanas actuales, sin comprometer las oportunidades de las generaciones venideras.” y que una actividad como la que se ha evaluado “contrasta con la imagen de Costa Rica como líder en el tema de la conservación de los recursos naturales y más específicamente como promotor de actividades como la del Corredor Biológico Mesoamericano, que podría verse seriamente afectada.”

El presidente electo Dr. Abel Pacheco en las palabras de su discurso inaugural el 8 de mayo dijo : “... antes de convertirnos en un enclave petrolero, antes de convertirnos en tierra de minería a cielo abierto, me propongo impulsar un esfuerzo sostenido para convertir a Costa Rica en una potencia ecológica, el verdadero petróleo y el verdadero oro del futuro lo serán el agua y el oxigeno; lo serán nuestros mantos acuíferos y nuestros bosques, vamos a crear el marco jurídico para que las áreas deforestadas sean reforestadas con especies nativas y para dejar claro que no seremos un enclave petrolero o un territorio de minería a cielo abierto”. El desafío más grande que enfrenta la presente administración en esta materia es el de conseguir apoyo político de grandes naciones para sostener el compromiso de no desarrollar la industria petrolera. En este sentido, tendrán que ponerse en la balanza cierto tipo de inversiones que son intensivas en la extracción de los recursos, frente a otras que incluyen la conservación del patrimonio natural como requisito para desarrollarse.
En este momento el Poder Ejecutivo estudia la forma de que el país pueda salir del contrato con Harken y cancelar la concesión en la zona norte propiedad de Mallon Oil Company. El gobierno parece estar muy interesado en llegar a un acuerdo viable para ambas partes que permita dejar cerrado este capítulo.

Permanece el desafío de desarrollar un modelo energético sustentable, basado en energías limpias que no sacrifiquen el bienestar de las comunidades.

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